El Gobierno de Navarra ha hecho
públicos sus planes sobre el futuro del Canal de Navarra. Aprovechando el
verano y el relajo general, anuncian la
continuidad de un proyecto cuya principal justificación no parece ser otra que
el consumo de cemento y el gasto en obra pública.
Siguen sin informarnos de los
costes reales del embalse de Itoitz y de la primera fase del Canal y su zona
regable. No nos han demostrado ni cuáles han sido los supuestos beneficios
obtenidos, ni las cifras de creación de
empleo que prometían. De acuerdo con los datos disponibles, el proyecto no ha
generado valor económico, ni empleo, pero sí ha generado deuda, parte de ella
sin reconocer gracias a la ingeniería financiera pública. A pesar de tan pobres
resultados, ya comienzan a preparar nuevas ampliaciones como nos tienen
acostumbrados: sin un mínimo de estudios previos, sin rigor técnico, sin
expectativas de viabilidad económica, sin información transparente y sin
participación social.
Eso sí, bien adornado con
eslóganes vacíos de contenido mencionando de pasada cuestiones que en la
práctica no valoran lo más mínimo. Con su ampliación del Canal de Navarra
-aseguran sin datos- están “mejorando así la gestión ambiental y la
competitividad de los regadíos de la zona así como la calidad del agua de los
ríos navarros”.
La nota de prensa del Gobierno de
Navarra dice que la construcción del ramal correspondiente a la nueva Fase 1 -unos 42,5 kms-, va a costar 42,5 M€.
Teniendo en cuenta que, según los datos
de fuentes independientes (y las únicas disponibles), la construcción de la
primera fase del Canal (98 Km) ha costado 483,5 M€, esa cifra parece muy
difícil de creer.
¿Cuál es el milagro de reducción
de costes que ha ocurrido desde que se construyó la Fase 1, para que de repente
el coste por Km se haya dividido por 5, pasando de 4,93 a 1 M€/Km? Si el nuevo ramal se construyese
con una tecnología similar y los costes fuesen proporcionales, los mismos
superarían los 200 M€. No nos informan de la cifra de coste prevista para el
Canal Fase 2, pero, si son 79 km, podemos estimar que serían, como mínimo,
otros 390 M€.
Además del Canal hay que añadir
los costes de la Zona Regable (agrupación parcelaria, caminos, drenajes, red de
distribución a presión), y los de la instalación en parcela (que paga el
agricultor en su mayor parte). Si se aplica un criterio de proporcionalidad con
lo que se gastó en la Fase 1, en total por hectárea son unos 16.435 €/ha. Para
las 15.275 has de la ampliación de la Fase 1 serían 251 M€, y 354 M€ para las
21.522 has de la fase 2.
En resumen, nos están ocultando que han
decidido invertir en este proyecto del orden de 1.200 M€, de dinero público y
de los agricultores, encubriendo esta incómoda cifra total, a la que hay que
añadir los costes anuales de explotación, mantenimiento y financiación, que
seguramente superarán el 2% de los costes de construcción.
Las “inexactitudes” en las cuentas
que presentan se evidencian cuando, tras
informar de una obra de 42,5 M€, se anuncia un anticipo de 77 M€ a la
empresa pública CANASA, que construye y explota el Canal de Navarra. ¿Cuáles
son los problemas económicos de CANASA para que se le anticipe una cantidad
superior a la inversión anunciada? ¿En qué va a usar este dinero? ¿Cómo lo va a
poder devolver con un interés del 3% a partir del año 2027?
El anuncio del aumento del número
de hectáreas regadas con agua de Itoitz, nos indica que se va a llegar al tope
de los 340 hm3 de caudal concedido para riegos. El hecho de que la concesión
sea de 340hm3, no quiere decir que este volumen de agua esté garantizado. Según
los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de una serie de 20 años,
sólo en 6 años hubo agua suficiente para cubrir las concesiones previstas con
agua de Itoitz. No llueve lo suficiente.
La tendencia y el pronóstico es que cada vez habrá menos agua disponible.
Significa que tras invertir 1.200 M€ adicionales en añadir 36.792 has nuevas de
regadío, sólo se podrán atender todos los riegos en 3 de cada 10 años o menos,
dependiendo de la evolución del clima.
¿Cómo podrán pagar sus facturas los agricultores en este escenario?
A los agricultores, a los que se
les promete un futuro feliz gracias al agua de Itoitz, se les anuncia al mismo
tiempo un aumento del número de hectáreas, y una subida del 5% por encima del
IPC de las tasas anuales que deben pagar por pertenecer al regadío. Sin
embargo, para el agricultor, esto supone una carga importante, ya que las tasas
del regadío se comen al menos un 12% de
su producción bruta agrícola (267€/ha de tasas para un consumo de agua de
5.000m3/ha y año), y un aumento del 5% en las tasas va a ser un nuevo golpe a
la rentabilidad de las explotaciones.
Con el anuncio de ampliación, el Gobierno
desmonta además su propio argumento de que aumentando el número de hectáreas se
reducirán las tasas. Al contrario, al
tener que repartir la producción hidroeléctrica asociada al Canal entre más
hectáreas, cada regante tendrá que pagar aún más.
Las nuevas zonas de riego del
Canal se sitúan en terrazas fluviales. En gran parte de ellas existen regadíos
tradicionales a manta repartidos en gran número de pequeñas explotaciones y
algunas de tamaño mediano o grande. ¿Cómo va a afectar a estos propietarios y
agricultores la sustitución por riego a presión y la aplicación del nuevo PSIS,
junto con la Ley de Infraestructuras Agrarias? ¿Se puede esperar que el regadío
vaya a generar empleo que aminore los efectos de la crisis? Dudoso, ya que la Fase 1 del Canal apenas lo ha
producido
La Fase 1 del Canal se está
finalizando con enormes interrogantes sobre los costes reales, la viabilidad
económica, la rentabilidad social, los impactos ambientales y las servidumbres
financieras del peaje en la sombra. Seguir con el proyecto, como si no pasara
nada, es una peligrosa huida hacia delante, por lo que es necesaria una moratoria al proyecto.
Plataforma URA Nueva Cultura del Agua
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