Entrevista a Pablo Lorente Zapatería, miembro de la Fundación Sustrai Erakuntza, por parte de Diario de Noticias, donde expone
el 'triunfo' de este colectivo que, de la mano de la Mancomunidad de Sakana, ha
conseguido frenar, con sentencia del TSJN, los planes de residuos del Gobierno
de Navarra
Todo pasaba por una incineradora para quemar residuos que para no levantar
mucho la liebre no se decía dónde se ubicaba. De esta forma, el ocultismo de su
plan de residuos, coronado con esa planta de valorización energética, le ha
provocado al Gobierno foral un rapapolvo judicial. El TSJN anula el PGRIN
proyectado y dice que de hacer una incineradora se debe decir donde, más que
nada por evaluar su impacto, algo lógico a todas luces. Sustrai Erakuntza, que
junto a la lucha contra el TAV, las centrales térmicas, la incineradora de
Portland y contra todo aquello que suponga una acción contra el medio ambiente
en Navarra y una hucha para los interesados bolsillos particulares, encabezó
junto a la Mancomunidad de Sakana la oposición a ese PGRIN. Ahora los
tribunales les dan la razón. Es hora de corregir los errores, dice Pablo
Lorente, miembro de una Fundación que con los recursos justos, está dando
guerra y llenándose de razones para mantener el gigante pulso.
Nos deja una evidencia, y es que el Gobierno de Navarra malgasta fondos
públicos y personal de la Administración en plantear un recurso que tendría que
servir para otros temas. Creemos que el Gobierno no tendría que dedicar
recursos públicos a este tipo de situaciones jurídicas. El TSJN anula el PGRIN
por no estar de acuerdo a la ley en algunas cuestiones fundamentales, y lo que
debería hacer el Ejecutivo es abrir un proceso para plantear un nuevo plan de
residuos para Navarra.
¿Qué líneas seguiría ese plan?
Es básico apostar por las tres R, (Reducción, Reutilización y Reciclaje), eso significa políticas a más medio y largo plazo y apostar por un sector público fuerte tanto en la recogida como en el procesamiento de residuos porque puede ser la base muy clara para la mejora de la calidad medioambiental y de la salud de las personas. No se puede seguir con este modelo, llenando vertederos y con ese modelo de consumo. Eso significa políticas participativas, vecinales, de colectivos sociales, en un proceso que dinamice otra forma de entender el consumo.
¿El Gobierno en Navarra no apuesta precisamente por lo contrario?
Lo que hace en el PGRIN declarado ilegal es un planteamiento en el que el 90% del coste de este plan va destinado a lo que ellos llaman planta de valorización energética, que en román paladín es una incineradora para quemar residuos. ¿Qué ocurre? Que ahora el Gobierno de Navarra, aparte de la sentencia en contra, no tiene capacidad económica para hacerla. Y ya el Ejecutivo anterior, de UPN y PSN, aprobó todo un PSIS para favorecer a la empresa privada, en este caso la planta de Olazti de Portland, para quemar residuos.
El Gobierno ocultó información sobre la ubicación de la incineradora.
El Gobierno foral tiene una historia muy abundante de cargarse la
legislación medioambiental básica en muchos aspectos. Los tribunales les han
dejado claro que ese PGRIN no tiene validez jurídico legal. Entre otras cosas
no define el sitio donde quiere poner la planta incineradora, con lo que no se
puede hacer con lo cual una evaluación de impacto ambiental, que es de obligado
cumplimiento legal, justo, ético, racional... Y el Gobierno ha priorizado no
decir el sitio por razones políticas, de enfrentamiento civil con la sociedad,
en lugar de priorizar un análisis riguroso de los impactos y un planteamiento
diferente para procesar los residuos. Y algo muy importante y que vulnera la
legislación, a raíz del PSIS de Olazti, el Gobierno deja en manos de una
empresa privada un tema que tiene que ser planificado y decidido a nivel
público.
¿Cómo está la situación de ese PSIS de Cementos Portland?
Se publicó hace poco. Es probablemente uno de los PSIS aprobados con mayor rapidez en la historia de Navarra, en una instalación bastante compleja a la hora de plantear estudios. El PSIS se ha publicado sin tener en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas por los opositores, no solo con razonamientos medioambientales, sino también jurídicos, técnicos y económicos. Lo que cabe ahora es recurrirlo y eso se va a hacer.
¿Esperan que ocurra como con el PGRIN y les den la razón?
No solo hay base, sino que el tiempo nos está dando la razón. Los ayuntamientos de aquí, Araba y Gipuzkoa, la Mancomunidad de Sakana, colectivos sociales, Hiru Muga, Lurra, la Fundación Sustrai Erakuntza, el colectivo de las Tres R, estamos demostrando, porque nos dan la razón los hechos. Es una auténtica aberración y una perversión para el territorio hacer una instalación de este tipo en la cementera de Olazti. Ni ahí ni en ningún punto de Navarra. De hecho, hace años se intentó montar una planta de incineración de neumáticos en Tudela y se paró por la movilización social. Igualmente se intentó en la zona de Tafalla montar la incineradora de este PGRIN y la paramos gracias a la rápida respuesta social y a conseguir que el Ayuntamiento de Tafalla por unanimidad, incluido los grupos municipales de UPN y PSN, votaran en contra. Y ahora en Sakana hay que hacer lo mismo. Sustrai Erakuntza va a garantizar el apoyo jurídico-técnico a la lucha pero es la movilización sostenida, la firmeza política de las instituciones de la zona y del resto de Navarra la razón para que no se instale una incineradora en nuestra comunidad.
Los temas medioambientales son un buen ejemplo de lucha social que para los pies a los Ejecutivos.
Así es. Daré varias razones de por qué se debe decir no a la incineradora. Primero, no es cierto que vaya a generar empleo. Eso no es cierto, es una gran mentira. Lo único que van a hacer es cambiar combustibles, una cementera es una fábrica que hace cemento. El problema de las cementeras en este momento es que ha estallado la burbuja inmobiliaria, con lo cual no se produce cemento. Además, se está beneficiando a una empresa privada que estaba dentro de un lobby o un cártel mafioso, que se dedicó a malversar dinero público a base de pactar precios, algo demostrado por la Comisión Nacional de la Competencia. Tercero, el producir este tipo de instalaciones no solo genera un problema medioambiental y de salud para las personas sino que deteriora la economía de la zona, y la gente va a dejar de consumir productos lácteos, agrícolas y ganaderos de la zona y se van a contaminar los acuíferos.
Y además hay alternativas.
Ese es el último punto, pero al Gobierno de Navarra no le interesa verlo. El camino que hay que seguir es el puerta a puerta que pregona la Mancomunidad de Sakana como proceso de recogida. Hay que tener en cuenta que las basuras son un negocio muy lucrativo, no es casualidad que la mafia en Italia controle parte del sector de recogida de basuras y no es casualidad que en el Estado español una empresa sea la que recoja la basura (FCC) y otra firma (Portland) vinculada al mismo grupo sea la que la quiere quemar. Tenemos el círculo perfecto: cobran por recoger y por quemar. Ahora en Navarra tenemos la oportunidad de ser un ejemplo de algo diferente.
Es a su juicio una oportunidad para un nuevo proyecto integral.
No nos cabe ninguna duda. Con los actuales gobernantes es imposible, no se le puede pedir a un león que sea vegetariano y tampoco esperar que los partidos mayoritarios cambien su planteamiento de beneficiar al sector privado. Pero es que eso nos perjudica a todos, no ya solo por salud que es lo fundamental, sino incluso a nivel económico. Pero se crean más puestos de trabajo con un modelo basado en otra recogida que el que preconiza la incineración y grandes vertederos. La prueba está en la bronca y la sangre que se derramó con el vertedero de Aranguren, y no solo tenían razón sino que nadie ha hecho un mea culpa de aquello.
Ocurriría algo similar si el Gobierno desoyera la sentencia, ¿nos encontraríamos con otro Aranguren?
Tenemos tiempo para ello y además será necesario. Ya hay convocadas movilizaciones en Sakana y el Gobierno, en el terreno judicial, lo único que busca recurriendo es ganar tiempo. Pero nosotros consideramos que es fundamental la movilización social y tenemos que aunar esfuerzos tanto ahí como en la denuncia política y el frente jurídico. La incineración es un negocio especulativo para producir en parte energía eléctrica. Pero es que no hace falta más energía. Con la incineración no vamos a ninguna parte, es una búsqueda del beneficio cortoplacista, de carácter especulativo, vinculado a intereses particulares, que encima daña a las personas, al medio ambiente y no favorece la economía de las poblaciones afectadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario